sábado, 26 de noviembre de 2016

Patinete para un cuento de Navidad*

Hacía ya tiempo que Alberto no quería su patinete de madera azul y rojo. Era infantil. Le daba vergüenza bajar a la calle con él.

Alberto tiene un retraso psicomotor, es torpe, no habla mucho, le cuesta subir y bajar esa maldita cuesta hasta su casa. Sabe que un patinete de aluminio es difícil, pero... ¡Quién pudiera!

En la campaña de navidad, en el colegio de Alberto, recogieron juguetes para una ONG. Durante días y días de diciembre, la entrada del cole se llenó de juguetes usados que cada niño dejaba allí, con la esperanza de recibir otros mejores: más nuevos, más modernos en la noche de Reyes.

Alberto dejó junto a la puerta de dirección su patinete. No quería saber para quién podría estar destinado. Secretamente él había pedido uno de verdad aunque fuera solo para ser como los demás niños de su calle.

La ONG tenía claro lo que quería, pero no había pobres suficientes. Demasiados juguetes amontonados para entregar, demasiado trabajo de puzzles, pilas que colocar, cajas que pegar. Problemas de organización, de iniciativas.

La directora y el conserje lo intentaron todo: otras ONGs, organizaciones... daba igual. Demasiados juguetes a 20 de diciembre en medio de los pasillos. Demasiado lío. Además, ¡Esto es un colegio no  un almacén para pobres!

Al final la parroquia llegó y se llevó unos pocos, los que sobraban, cualquier cosa antes de tirarlos al contenedor, de noche y en secreto.

La noche de Reyes, Baltasar decidió que Alberto, a pesar de sus dificultades motrices sería feliz con un patinete. Dudó mucho, pero pensó que mejor sería uno sencillo: de madera. La pintura estaba un poco levantada, pero Alberto no lo tendría en cuenta, al fin y al cabo, con el estrabismo y la miopía que tenía...

(Salvorón)

*Basado en un hecho real y demasiado cotidiano en estas fechas.

sábado, 15 de octubre de 2016

Informe FOESA 2016 o la invisibilidad de la pobreza

El informe de la fundación FOESA “Análisis y Perspectivas 2016: Expulsión Social y recuperación Económica” hace una valoración preocupante de la situación de la pobreza y la exclusión en España. Si bien se reconoce que en los dos últimos años se ha producido una bajada del desempleo, acompañada de un descenso de la pobreza y la exclusión, este descenso ha tenido una intensidad escasa. Tal es así que “la reducción de la pobreza en los periodos de crecimiento no compensa el aumento  de la misma en los períodos de recesivos”. O dicho de otra manera, el número de personas que están saliendo de  una situación de pobreza o exclusión, no compensa el número de personas que cayeron en ella durante la crisis. Parece que hemos iniciado un nuevo modelo social que se caracteriza por la precarización del modo de vida de las clases populares que no han recibido un apoyo suficiente por parte de los sistemas públicos de protección, a lo que hemos de sumar que le trabajo y los salarios, cada vez más precarios, tienen un poder cada vez menor como mecanismo de inclusión.

A esto hay que sumar que esta realidad se está haciendo cada vez más invisible. Es como si tras el colapso que ha sufrido la sociedad por el miedo a ser arrastrado por la crisis, miráramos para otra parte. Este fenómeno no es nuevo, en “el año 2007 la exclusión social de la población española era del 16%”, y el problema que afectaba a 7,3 millones de personas no ocupaba un espacio dentro de la agenda pública, ni en el de los medios de comunicación.


En este momento en que desde Europa se nos indica que se deben ejecutar nuevos ajustes presupuestarios, no parece que las personas y sus problemas se vayan a situar en el centro de las decisiones, lo que va a agravar la situación de las personas en peor situación; salvo que se potencien los mecanismos de garantía de renta que permitan a las personas mantener unos niveles de superviviencia. 

Informe FOESA 2016 o la invisibilidad de la pobreza

El informe de la fundación FOESA “Análisis y Perspectivas 2016: Expulsión Social y recuperación Económica” hace una valoración preocupante de la situación de la pobreza y la exclusión en España. Si bien se reconoce que en los dos últimos años se ha producido una bajada del desempleo, acompañada de un descenso de la pobreza y la exclusión, este descenso ha tenido una intensidad escasa. Tal es así que “la reducción de la pobreza en los periodos de crecimiento no compensa el aumento  de la misma en los períodos de recesivos”. O dicho de otra manera, el número de personas que están saliendo de  una situación de pobreza o exclusión, no compensa el número de personas que cayeron en ella durante la crisis. Parece que hemos iniciado un nuevo modelo social que se caracteriza por la precarización del modo de vida de las clases populares que no han recibido un apoyo suficiente por parte de los sistemas públicos de protección, a lo que hemos de sumar que le trabajo y los salarios, cada vez más precarios, tienen un poder cada vez menor como mecanismo de inclusión.

A esto hay que sumar que esta realidad se está haciendo cada vez más invisible. Es como si tras el colapso que ha sufrido la sociedad por el miedo a ser arrastrado por la crisis, miráramos para otra parte. Este fenómeno no es nuevo, en “el año 2007 la exclusión social de la población española era del 16%”, y el problema que afectaba a 7,3 millones de personas no ocupaba un espacio dentro de la agenda pública, ni en el de los medios de comunicación.


En este momento en que desde Europa se nos indica que se deben ejecutar nuevos ajustes presupuestarios, no parece que las personas y sus problemas se vayan a situar en el centro de las decisiones, lo que va a agravar la situación de las personas en peor situación; salvo que se potencien los mecanismos de garantía de renta que permitan a las personas mantener unos niveles de superviviencia. 

lunes, 18 de mayo de 2015

DECÁLOGO PARA SALVAR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA INOPERANCIA:





DECÁLOGO PARA SALVAR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA INOPERANCIA:

1- Garantizar en los presupuestos del Gobierno de Cantabria una financiación suficiente para la ejecución efectiva de la Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo de derechos y servicios sociales.

2- Exigir al próximo equipo de Gobierno de Cantabria que, independientemente de los criterios establecidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y de la titularidad de los Servicios Sociales de Atención Primaria en nuestra comunidad Autónoma, estos se sigan prestando en condiciones de accesibilidad, cercanía y universalidad. Esto implica que, en cada uno de los 102 municipios de Cantabria debe existir presencia real y física de un equipo interdisciplinar de Servicios Sociales de Atención Primaria.

3- La elaboración de una efectiva planificación estratégica a nivel autonómico que incluya dentro de la misma un Plan de Inclusión Social realista, para aquellos colectivos más vulnerables, con coordinación y competencias con Servicios de Empleo, Vivienda, Sanidad y Educación, que permita desarrollar procesos de inclusión personalizados, dotando a todas las Áreas de Servicios Sociales de un equipo territorial de Inclusión Social.

4- Desarrollar el mapa de atención de los Servicios Sociales como establece la Ley 2/2007 dando contenido a las 4 áreas de Servicios Sociales, con sus correspondientes Centros Territoriales (Santander, Torrelavega, Laredo y Reinosa), implementando en cada una de la 27 zonas básicas recursos específicos de atención a Infancia y familia. (Un equipo de intervención familiar, un centro de día infanto-juvenil, y un punto de encuentro)

5- Garantizar el acceso a los programas, recursos y prestaciones en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos de Cantabria, independientemente del municipio en que vivan. En la actualidad algunos recursos como el Servicio de Ayuda a Domicilio municipal o la Teleasistencia tienen diferentes requisitos de acceso y coste para el usuario en función de su lugar de residencia.

6- Aplicar en su integridad al Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, dotándola de recursos específicos para cada persona. Ampliar la cobertura de las prestaciones sin que el copago excluya el acceso a los recursos, así como no obligar al cuidador a estar empadronado en el domicilio del dependiente.

7- Eliminar los tiempos desproporcionados de tramitación de las ayudas sociales (que superan en muchas ocasiones el medio año). El excesivo tiempo de tramitación es un elemento de exclusión social más, añade sufrimiento e incertidumbre a las familias. Si estas ayudas se tramitaran en un tiempo razonable, se ayudaría de una forma más eficiente, y digna, a las familias. El Servicio de Empleo tramita prestaciones en un mes.

8- Eliminar aquellas medidas implantadas desde el ICASS que dificultan el acceso y la consecución de la Renta Social Básica. Además se debe actualizar las cuantías económicas, igualando al menos la Renta Social Básica al umbral de la pobreza.

9- Definir criterios objetivos de acceso a recursos sociosanitarios (centros residenciales y/o centros de día) para personas sin apoyos familiares, capacidades de autocuidado y/o sin recursos económicos, que no tengan reconocida situación de dependencia.


10- Establecer desde las Administraciones soluciones habitacionales efectivas, adaptadas a cada caso particular. Es imposible desarrollar cualquier proceso de inclusión, que no parta del acceso a un recurso de vivienda.

sábado, 9 de mayo de 2015

Los profesionales de los Servicios Sociales de Cantabria se unen para denunciar la grave crisis del sistema

NOTA DE PRENSA (21 de abril de 2015)

Los profesionales de los Servicios Sociales de Cantabria se unen para denunciar la grave crisis del sistema

·         La burocracia y la falta de financiación despersonalizan el sistema y atentan contra los derechos básicos
·         Unos 80 trabajadores sociales y educadores sociales de toda Cantabria presentan un manifiesto para salvar el sistema público y el bienestar de las personas.


La falta de voluntad política y las contradicciones entre dos leyes amenazan a los servicios sociales en Cantabria y en sus municipios. Se trata de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local (que recorta presupuesto y competencias) y Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales (que promete lo que no cumple). Así lo denuncia el colectivo Manifestaos por los Servicios Públicos, compuesto por trabajadores sociales y educadores sociales de toda la comunidad autónoma.
Este grupo de empleados públicos considera que, en este momento, “se están poniendo en entredicho las conquistas sociales en materia de protección social y promoción de la ciudadanía”.  Esto ocurre cuando la consultas de servicios sociales han aumentado un 26% entre 2008 y 2013 y cuando las demandas de ayuda para cubrir las necesidades básicas se han disparado. “Los profesionales de lo social nos cuestionamos la forma en la que se está desarrollando el trabajo que llevamos a cabo, y la incidencia que tiene en la gente”.
En un manifiesto hecho público hoy, los profesionales denuncian que la Ley 27/2013 significa un recorte de los servicios que pueden prestar los ayuntamientos, con el riesgo de que se dejen de prestar los Servicios sociales en algunos de ellos. Esta ley sólo reconoce a los Municipios con población superior a 20.000 habitantes (sólo 5 de los 102 municipios Cántabros) la competencia de evaluar e informar de situaciones de necesidad social y de proporcionar atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Además, en Cantabria, y según Manifestaos por los Servicios Sociales, el Plan de Acción para la Inclusión Social 2014-2017 presentado por el gobierno autonómico  es “un brindis al sol, sin recursos ni medidas reales”.
En el caso de la Renta Social Básica (RSB), su modelo de gestión en Cantabria está provocando que este derecho a la protección no sea efectivo, ya que las familias que reúnen los requisitos para acceder a la prestación tienen que esperar un mínimo de 6 meses para cobrarla. A lo que hay que sumar la “sobre aplicación” de la que se está ejerciendo en la gestión, lo que hace que sea más fácil perder la ayuda que conseguirla. 
Los profesionales exigen, entre otras cosas, la anulación de las medidas que se introdujeron en 2012, que están precarizando aún más la situación económica de las familias que se ven obligadas a recurrir a la RSB como último recurso, y que se actualicen las cuantías de las mismas que fueron fijadas en 2010, y que no se las ha aplicado ni tan siquiera la subida del IPC. La cantidad establecida para una persona es de 426 euros, que es sensiblemente inferior al umbral de la pobreza (676 €/mes para una persona, según el INE 2013).
Los profesionales de los servicios sociales alertan de que se está acabando con la ley de dependencia, alargando los plazos de resolución y endureciendo la aplicación del baremo para al final ofrecer recursos mínimos. “Una vez más se deja a los más débiles en la cuneta”, insisten.

En el manifiesto se advierte también que con la nueva Ley de Racionalidad de la Administración Local y la reducción de la ya precaria financiación perderá su empleo hasta el 45% de los trabajadores (unas 423 personas).

MANIFIESTO PARA LA DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.



En España, durante los últimos treinta años se ha producido la implantación progresiva de los Servicios Sociales, como expresión de una voluntad democrática y social, que ha pretendido el ejercicio y defensa de los derechos de la ciudadanía, así como el acceso a los recursos de protección y promoción social, de manera universal e igualitaria. Este Sistema reconoce y promueve el Bienestar Social de todas las ciudadanas y ciudadanos, en particular cuando encuentran obstáculos en el disfrute y ejercicio de sus derechos y en el acceso a los recursos necesarios para alcanzarlos. Desde el surgimiento de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local, se están poniendo en entredicho las conquistas sociales en materia de protección social y promoción de la ciudadanía.

La Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales establece en su artículo 8.1 que el “Sistema público de servicios sociales está constituido por el conjunto coordinado de recursos, programas, actividades, equipamientos y prestaciones de servicio y económicas de titularidad o financiación públicas, encaminadas a la atención, participación, promoción e incorporación social de toda la ciudadanía así como a la prevención de las situaciones de desventaja social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria”.


La Federación Internacional de Trabajo Social define éste como una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Así mismo la Educación Social, es definida por el Consejo General de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES), como una prestación educativa  al servicio del cumplimiento de los valores de un Estado de Derecho: Igualdad de todos los ciudadanos, máximas cuotas de justicia social, y pleno desarrollo de la conciencia democrática; a través de la promoción social de personas y colectivos que posibiliten el desarrollo de las personas de manera integra y contribuyendo a generar contextos socioeducativos de promoción social, allí donde estos no existieran.

La situación actual de crisis económica está produciendo un aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social que ha generado un incremento de la demanda de servicios y prestaciones, afectando a personas y familias que antes se encontraban integradas. Los Servicios Sociales Públicos Municipales de Cantabria realizaron 254.889 consultas en 2013, un 26% más que en 2008. Al tiempo que se ha producido un enorme incremento de solicitudes de ayuda a las entidades de iniciativa social para atender a las necesidades básicas, debido en alguna medida a la falta de respuesta que reciben de la Administración.

Ante esta situación desde “Manifestaos por los Servicios Sociales”, planteamos la necesidad de preservar y fortalecer el Sistema Público de Servicios Sociales. Frente a los recortes sociales que se están produciendo, defendemos un incremento racional de las políticas sociales encaminadas a asegurar unos Servicios Sociales que avancen en el reconocimiento pleno de derechos subjetivos de la ciudadanía.

Por ello, los profesionales de lo social nos cuestionamos la forma en la que se está desarrollando el trabajo que llevamos a cabo, y la incidencia que tiene en la gente. No podemos exigir a las personas que acuden a nuestros servicios implicación, cambio, motivación, responsabilidad y luego asumir acríticamente todo lo que esta ocurriendo con los Servicios Sociales Públicos, como es la excesiva burocratización de las prestaciones sociales.

Consideramos necesario definir una nueva forma de trabajo, que implique respetar la dignidad de las personas, y poder acompañarlas en su proceso de cambio. Para ello, se requiere una planificación técnica y realista de la política social y no basada en ideas que surgen de políticos en función del momento electoral. Una manera de trabajo que responda a las necesidades de las personas para las que trabajamos, ya que los nuevos problemas sociales, requieren intervenciones y un modelo de trabajo diferente al que está primando actualmente, centrado en el ahorro económico y la oportunidad política.


LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PONE EN PELIGRO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

Desde el nacimiento de la Democracia los municipios han prestado Servicios Sociales. Se trata del espacio físico y humano donde las personas viven y se relacionan; es  la Administración  más cercana a los vecinos y por lo tanto desde donde mejor se puede facilitar el  acceso a la información y la orientación. Estos Servicios, no constituyen pues una competencia que los Ayuntamientos hayan adquirido recientemente, sino que ha venido desarrollándose dentro del marco de competencias propias y básicas de los mismos. No debe denominarse a los Servicios Sociales como  “competencia impropia” por parte de los Ayuntamientos y las Entidades locales, estos constituyen un servicio básico, especialmente necesario en una época de crisis como la actual que está afectando a un número considerable de personas. Al ciudadano no le importa la titularidad de estos servicios, pero si necesita que se le presten  desde su administración más cercana y que estén dotados  de los recursos necesarios para satisfacer sus derechos,  recogidos en la legislación vigente. La no prestación de estos servicios implicaría un aumento de las tasas de pobreza, y del nivel de exclusión social, así como el incumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y en último término el fracaso del estado del bienestar.

Además, la prestación de estos servicios tiene importantes repercusiones a nivel de rentabilidad social, al  evitar gastos en servicios especializados, y que los problemas en numerosos casos, se agraven y precisen de intervenciones mucho más costosas a nivel económico, y humano.


A nivel Nacional La aplicación de la Ley27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:

·          Significa un recorte efectivo de los servicios que pueden prestar los ayuntamientos, con el riesgo de que se dejen de prestar los Servicios sociales en algunos municipios, alejando la administración de los ciudadanos.

·         Se reconoce sólo a los Municipios con población superior a 20.000 habitantes (sólo 5 de los 102 municipios Cántabros) la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.


EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN CANTABRIA PARA LOS AÑOS 2014–2017, ES UN BRINDIS AL SOL; SIN RECURSOS NI MEDIDAS REALES

Recoge en su mayoría una serie de medidas muy generales que sólo reflejan buenas intenciones o propósitos pero que requieren de una mayor concreción para que puedan ser efectivas. Algunas de las referidas medidas se centran en cuestiones ya existentes que sólo se quieren fomentar o impulsar a través de la difusión y campañas informativas.  El Plan dice que persigue abordar la pobreza desde una concepción multidimensional, pero apenas articula iniciativas integrales y transversales a pesar de querer incluir a diversos departamentos administrativos para este fin.

Las dos últimas líneas estratégicas centradas en las principales áreas del bienestar social y en los colectivos más vulnerables existentes en la Comunidad Autónoma, recogen actuaciones de corte caritativo que no se pueden encuadrar en una política social integral que trabaje por la consecución de una verdadera inclusión social, como implantar programas para la formación del voluntariado para paliar las situaciones de emergencia social. En ningún momento se refuerza a los Servicios Sociales como el elemento que garantice el acceso al sistema de protección para estos colectivos más vulnerables, ni tampoco se aumentan los recursos humanos para la consecución de este fin.

Se trata en definitiva de una herramienta cuya efectividad para paliar los efectos devastadores provocados por la crisis económica sufrida en los últimos años es más que cuestionable y que tampoco va a contribuir a la paulatina recuperación de los derechos sociales a los que se ha ido privando al conjunto de la ciudadanía. 


POR UNA GESTIÓN EFICAZ DE LA RENTA SOCIAL BÁSICA.

En Cantabria, la Renta Social Básica es contemplada como un derecho subjetivo en la Ley 2/2007, una prestación económica de carácter periódico destinada a hacer efectivo el derecho a la protección social de las personas en situación de carencia de recursos económicos, es más necesaria que nunca, pero su gestión está provocando que este derecho a la protección no sea efectivo, ya que las familias que reúnen los requisitos para acceder a la prestación tienen que esperar un mínimo de 6 meses para cobrarla. y se introdujo la extinción automática de la Renta a los dos años, obligando a los que ya la están cobrando a iniciar de nuevo el trámite. A lo que hay que sumar la “sobreaplicación” de la que se está ejerciendo en la gestión, lo que hace que sea más fácil perder la ayuda que conseguirla.  No podemos continuar trabajando con unos niveles de burocracia que llevan consigo hacer los procesos lentos y despersonalizados, trabajamos con personas, no sólo con expedientes.

Ante la situación actual consideramos que respecto a la RSB es urgente introducir al menos estos cambios:
·         Anular las medidas que se introdujeron en 2012, que están precarizando aún más la situación económica de las familias que se ven obligadas a recurrir a la RSB como último recurso.

·         Actualizar las cuantías que las mismas que fueron fijadas en 2010, y que no se las ha aplicado ni tan siquiera la subida del IPC. La cantidad establecida para una persona es de 426 euros, que es sensiblemente inferior al umbral de la pobreza (676 €/mes para una persona).

·         Suprimir la extinción automática de la Renta a los dos años,  porque: a pesar de que se puede volver a solicitar y que existe un compromiso ante la prensa de la consejera de que no iban a dejar de cobrar un solo mes, el procedimiento actualmente esta tardando 3 meses o más; y porque ya se están realizando de oficio más de 4.000 revisiones de expedientes al año para comprobar que los usuarios cumplen los requisitos establecidos.


POR UNA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Reivindicamos una financiación pública con dotación presupuestaria suficiente y sostenible. El gasto social es inversión social: cumple con el principio de reequilibrio e igualdad de oportunidades, reduce desigualdades, potencia la cohesión, favorece una actividad económica, crea puestos de trabajo y contribuye a la creación de riqueza del país. Congelar, reducir o rescindir la inversión social conlleva altos costes personales y económicos en términos de: exclusión y pérdida de cohesión, de recursos humanos y de bienestar social.

Hasta 2012, la financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) en Cantabria corría a cargo de la aportación del Plan Concertado (aportación que ha ido menguando hasta su extinción), del Gobierno de Cantabria y de los Ayuntamiento. Actualmente la financiación se limita al Gobierno de Cantabria y los Ayuntamiento de la región, con lo cual se ha reducido notablemente, y con la nueva Ley de Racionalidad de la Administración local, se prevé que la aportación se reduzca aún más,  lo que supondrá la perdida de empleo del 45% de los trabajadores, actualmente los SSAP lo forman 940 personas, lo que supondrá una reducción de 423 personas.

Proponemos la responsabilidad del sector público en materia financiera, inversora y de gestión.

Reclamamos, así mismo, un sector público eficaz y eficiente, planificador y evaluador de los Servicios Sociales, coherente con las líneas más avanzadas de investigación y desarrollo. Para unos servicios de calidad es imprescindible el desarrollo del empleo en el sector con buenas condiciones de trabajo, que incorporen la formación continua y especializada.

El compromiso de los firmantes, es cooperar con todos los poderes públicos en el mantenimiento y potenciación de unos derechos subjetivos básicos de la ciudadanía y en garantizar el acceso efectivo a los recursos de protección y promoción social, controlando y exigiendo su cumplimiento e impulsando la implicación ciudadana.

Desde “Manifestaos por los Servicios Sociales”, reivindicamos que los derechos sociales se establezcan como derechos fundamentales constitucionales de la ciudadanía y se reconozca a los Servicios Sociales como pilar central del Estado de Bienestar al servicio de los ciudadanos y como una herramienta clave para la protección de las personas y para el desarrollo democrático y social de un estado y de sus territorios.


miércoles, 18 de febrero de 2015

En 2014 se dispararon las Ayudas de emergencia en Cantabria.

En un intento de callar las protestas por la extinción masiva de la Renta Social Básica las ayudas de emergencia prácticamente duplicaron en 2014 sobre el año anterior.

Un indicador de que el sistema de protección no funciona correctamente es que desde del inicio de la crisis el número de solicitudes de emergencia social se ha disparado en un 500%. La Ayudas de Emergencia Social están pensadas para cubrir necesidades puntuales de las familias que no pueden recurrir a otros recursos. Si el trámite de la Renta Social Básica fuera ágil, el número de solicitudes sería sensiblemente menor, al tiempo que la cobertura de las necesidades de las familias sin recursos evidentemente mejoraría.

Especialmente significativo es ver como se han distribuido las solicitudes a lo largo de 2014. Si la media mensual fue de 300 solicitudes, en dos meses (junio y julio) ascendió a 1390 solicitudes, o sea el 36,5 % del total. La explicación es sencilla, en junio entró en vigor la extinción a los dos años de la Renta Social Básica. La Consejería de sanidad y Servicios Sociales para acallar las críticas que le llovieron por estas extinciones, vinculó a la renovación de la Renta Social Básica la concesión de una Ayuda de Emergencia para paliar el tiempo que las familias iban a tardar en recuperar el cobro de la Renta, un promedio de 3 meses. Por medio de esta ayuda recibieron la cuantía correspondiente a un mes de Renta, los otros dos meses que tuvieron que esperar para cobrar les quedaron sin cubrir.


Con la experiencia del paso de los meses y ahora que parece mediáticamente ya pasó la tormenta, podemos decir que la promesa de la Consejera respecto a que las familias que se les suspendía la renta no iban a estar un mes si cobrar no se ha cumplido. Las familias tardaron en cobrar 3 meses y la ayuda de Emergencia Social les cubrió solo el primero, y desde que empezó 2015 las renovaciones de la Renta Social Básica se tramita como si fuera una nueva solicitud; o lo que es lo  mismo 6 meses de espera sin derecho a cobrar la prestación.